Histórico: Joven endeudado por CAE se acoge a proceso de liquidación de su deuda

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En un fallo excepcional, la Corte de Apelaciones de San Miguel dictaminó que el Crédito con Aval del Estado no puede ser excluido de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. Actualmente son más de 700 mil estudiantes que lo han utilizado en sus 10 años de existencia.

La Corte de Apelaciones de San Miguel, en una medida inédita, revocó la resolución de los tribunales de justicia sobre excluir al Crédito con Aval del Estado (CAE) del derecho de acogerse al procedimiento de liquidación voluntaria que establece la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento.

Esto debido a que se consideró que dicho procedimiento concursal es universal. La normativa permite así negociar deudas o declararse en quiebra cumpliendo ciertos requisitos.

Así, es obligación individualizar a todos los acreedores sin exclusión para no vulnerar el derecho igualitario de los mismos para obtener el pago de sus deudas.

El recurso de apelación fue presentado por el estudio jurídico Defensa Deudores, en representación de un joven deudor de la comuna de San Miguel. Pese a que el dictamen sólo favorece a la víctima, representa un precedente para el país porque establece que el CAE no puede excluirse del proceso de liquidación voluntaria.

Cabe recordar que tratándose de personas deudoras, la Ley 20.720 contempla dos procedimientos: la renegociación y la liquidación voluntaria. Esta última no tiene requisitos específicos, sino que la persona sólo se encuentre en insolvencia.

El procedimiento -que es judicial y requiere de la asistencia de un abogado- tiene por finalidad que la persona pague sus deudas de todos sus acreedores hasta donde alcance con el producto del remate de sus bienes. Es decir, si rematados los bienes de la persona el producto no es suficiente para pagar la totalidad de las deudas, el saldo impago se extingue porque la ley así lo ordena.

Por lo tanto, al término de este procedimiento la persona se encontrará sin deudas y rehabilitado financieramente, pues la ley ordena que se eliminen todos los registros de morosidad (Dicom).

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