Señor Redactor 10/04/2018

Es común entre los políticos pensar que los jueces tienen posiciones políticas contrarias a las suyas, lo que explicaría fallos que no les gustan en diversos sentidos. Si bien es cierto que esa percepción es común a diversos sectores políticos, parece estar más acentuada en la derecha y a eso corresponden las recientes declaraciones del ministro de Justicia.

Más allá de lo inapropiado que resulta manifestar tal cosa en público, me parece que se trata de una percepción errada o que, a lo menos, no resulta útil para que un Gobierno encare su relación con el sistema judicial y sus integrantes.

Una primera versión de la orientación política de los jueces está vinculada a la idea de una cierta lealtad de los jueces a grupos o partidos a los que se habría pertenecido o con los cuales se tendría cercanía, lo que condicionaría los fallos judiciales. En mi experiencia, los jueces no se diferencian mucho del resto de los chilenos que hoy se encuentran muy distantes de las agrupaciones políticas y las miran con gran desconfianza o con indiferencia. Pero aun en aquellos casos en que pueda haber lealtades afectivas o que jueces puedan ser votantes fieles de algún sector, los vínculos políticos se han atenuado mucho y en las décadas recientes se ha instalado con mucha fuerza un ethos judicial muy centrado en la autonomía de la política, en una cierta desconfianza de la misma y en que la percepción que los jueces tienen de su servicio a la comunidad está dada por la lealtad a la ley más que por la adhesión a alguna orientación política específica.

Es probable que la percepción de que habría cierta lealtad de algunos jueces con sectores políticos se refuerce a propósito de los nombramientos y ascensos, porque cuando interviene el Gobierno o en el Senado surgen las recomendaciones de parlamentarios o militantes que aseguran que tal o cual juez es de alguna tendencia. Mi experiencia es que esto es en gran medida ilusorio. Los jueces, como cualquier otro funcionario, recurren a las recomendaciones que tienen a mano. Me consta que muchas veces la información que se transmite es falsa, exagerada, demasiado antigua o corresponde más bien a lealtades personales disfrazadas de políticas.

Es probable que la percepción de que habría cierta lealtad de algunos jueces con sectores políticos se refuerce a propósito de los nombramientos y ascensos, porque cuando interviene el Gobierno o en el Senado surgen las recomendaciones de parlamentarios o militantes que aseguran que tal o cual juez es de alguna tendencia. Mi experiencia es que esto es en gran medida ilusorio. Los jueces, como cualquier otro funcionario, recurren a las recomendaciones que tienen a mano. Me consta que muchas veces la información que se transmite es falsa, exagerada, demasiado antigua o corresponde más bien a lealtades personales disfrazadas de políticas.

La segunda forma de interpretar la cuestión de la orientación política de los jueces está vinculada a la adhesión ideológica que los jueces tendrían con ciertas nociones que condicionarían sus decisiones y, dentro de ellas, sin duda la más destacada sería la ideología garantista en materia penal. Esto puede ser cierto en diversos grados respecto de algunos jueces, pero, cuidado, los vínculos del garantismo penal con la política son muy ambivalentes, la noción que identifica garantismo con izquierda y mano dura con la derecha es una simplificación peligrosa para quien quiere entender el sistema judicial.

La asociación garantismo-izquierda puede ser válida cuando hablamos de la criminalidad común, ahí los garantistas desconfían de la policía y creen que es necesario ponderar la vulnerabilidad de los pobres frente al sistema de justicia penal al momento de decidir. Pero cuando nos cambiamos al terreno de los delitos económicos, por ejemplo, la ideología de izquierda se alinea más bien con la persecución de abusos cometidos desde las empresas contra los consumidores o usuarios y la derecha simpatiza con la desconfianza en persecución estatal sobre los agentes económicos y la reivindicación de las libertades individuales en el desempeño empresarial.

Es especialmente paradójico, por ejemplo, que cuando se habla de la influencia de profesores garantistas en las escuelas de derecho y en la academia judicial, resulta que buena parte de esos profesores se desempeñan también como abogados de los políticos y empresarios que ocasionalmente son imputados y que utilizan ese mismo discurso garantista para defenderlos.

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