Señor Redactor 11/04/2018

El viernes 26 de enero la rectora de la Universidad de Las Américas y presidenta de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), Pilar Armanet, presentó al Tribunal Constitucional (TC) el requerimiento que ahora ha terminado torpedeando el artículo 63 de la Reforma a la Educación Superior, que prohibía que los controladores de las universidades tuviesen fines de lucro. En esos mismos días, el despacho de la entonces subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, recibió tres voluminosos informes cuyo contenido era un misil para el empleador de Armanet: el Grupo Laureate.

Esos documentos demuestran que las tres universidades controladas por ese gigante del negocio educacional –entre ellas la que dirige Armanet– y que suman 80.500 estudiantes, han infringido las normas que prohíben el lucro de forma tan grave que se exponían a ser clausuradas.

En los informes, de más de 100 páginas cada uno, el Ministerio de Educación plasmó las conclusiones a las que arribó luego de investigar durante más de 15 meses a las universidades que Laureate controla en Chile: Andrés Bello, de Las Américas y de Viña del Mar. Luego de la extensa indagatoria, el Mineduc logró acreditar la existencia de lucro en los tres planteles y detalló en estos informes cómo cada uno de ellos está convertido en un instrumento utilizado por Laureate para incrementar su patrimonio, lo que va en directo perjuicio de las casas de estudio.

Pilar Armanet, rectora de la UDLA y militante del PPD (fuente cupchile.cl)

Los informes son categóricos:

Es posible concluir que a través de los contratos celebrados entre la universidad y su controlador Laureate se ha incrementado de forma constante e injustificada el patrimonio de este último, lo cual constituye una infracción grave de los estatutos de la corporación universitaria, toda vez que parte considerable de sus ingresos no son reinvertidos en la propia institución para sus fines de docencia, investigación, extensión y vinculación con el medio, sino que tienen como destino el aumento de las ganancias de su controlador Laureate International, se lee en uno de esos documentos.

Esa conclusión se sostiene en la existencia de contratos mediante los cuales las universidades compran servicios de Laureate. No solo eso, los mismos contratos también aseguran pagos al grupo controlador para poder utilizar la licencia de propiedad intelectual que Laureate vende a sus instituciones educacionales. Así, de la investigación del Mineduc se desprende que esos pagos por servicios y propiedad intelectual fueron los mecanismos que utilizó Laureate para obtener ganancias de su operación en Chile, a pesar de que en nuestro país la Constitución prohíbe el lucro en las universidades.

La investigación del Mineduc sobre las tres universidades de Laureate se prolongó durante todo el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet. Pero la indagatoria tomó impulso recién a mediados de 2016, cuando CIPER difundió un informe interno de la Universidad Andrés Bello que cuestionaba esos pagos y se hizo público un reporte de Laureate a la SEC norteamericana donde se evidencian sus fines de lucro en Chile.

El 5 de octubre de 2016 la entonces ministra de Educación, Adriana Delpiano, informó a la Cámara de Diputados que su cartera había constituido un “equipo de tarea” para profundizar las investigaciones sobre las instituciones de Laureate. Ese equipo se reforzó con abogados y contadores contratados especialmente. Quince meses después, a fines de enero de 2018, las conclusiones estuvieron listas y los informes fueron entregados a la entonces subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga.

Los tres informes sobre las universidades de Laureate llegaron a la misma conclusión: las universidades del grupo cometen una infracción grave a sus estatutos, lo que es motivo suficiente para que el Mineduc intervenga los planteles o los cierre, de acuerdo con las normas de la ley del “administrador provisional” aprobada en 2014.

BURLA A LA LEY

CIPER revisó uno de los informes que el “equipo de tarea” del Mineduc le entregó a la subsecretaria Quiroga el 3 de febrero. Es el documento con las conclusiones de la investigación a la Universidad de Las Américas (UDLA) cuya rectora es Pilar Armanet, ex jefa de la División de Educación Superior del Mineduc en el gobierno de Ricardo Lagos y ministra secretaria general de Gobierno en el primer mandato de Michelle Bachelet.

En 135 páginas se desmenuza la indagatoria que se realizó sobre la UDLA. El informe revela el mecanismo utilizado para desviar recursos desde la contabilidad de la universidad hacia las cuentas que Laureate tiene esparcidas por el mundo. Una de las sociedades a la que la UDLA le paga por servicios está alojada en Holanda.

La UDLA es una de las universidades más grandes del país. En 2017 tenía matriculados a 24.377 alumnos. Más que los que registra la Universidad de Santiago y comparables con la matrícula de universidades tradicionales relevantes como la Pontificia Universidad Católica de Chile o la Universidad de Concepción. A pesar de su masividad, se trata de un plantel cuya calidad ha sido cuestionada desde sus inicios.

En 2008 recién logró acreditarse luego de dos apelaciones y en 2013 perdió ese reconocimiento, el que recién pudo recuperar en 2016. La mayoría de sus estudiantes cursa carreras de las áreas Salud y Educación (47,8% del total), por lo que se torna aún más relevante la calidad educativa del plantel que forma a cientos de enfermeros y profesores.

El informe del Mineduc subraya que el lucro perseguido por Laureate, al restar recursos al patrimonio de la universidad, ha mermado la capacidad de la UDLA para elevar su calidad: “En este escenario de instrumentalización de la actividad universitaria, como es el cultivo y la transmisión del saber superior, se ve desnaturalizado y desplazado por el fin o ánimo de lucro”.

Estudiantes de las universidades de Laureate en Chile han protagonizado tomas y paros para pedir el fin del lucro (fuente Facebook "Basta de Abusos UNAB")

Estudiantes de las universidades de Laureate en Chile han protagonizado tomas y paros para pedir el fin del lucro (fuente Facebook “Basta de Abusos UNAB”)

El informe sobre la UDLA es aún más explícito:

En este esquema mercantil, la misión universitaria de impartir docencia, desarrollar investigación y vincularse con el medio, queda completamente subordinada a criterios comerciales o extra académicos. Así las cosas, los excedentes que genera la institución universitaria no tendrían como norte el fortalecimiento de su labor, conforme a sus estatutos, sino el incremento patrimonial privado de sus asociados, miembros o controladores, mediante mecanismos que, si bien pueden estar reconocidos en la legislación común (como contratos de prestación de servicios), buscan eludir y burlar la finalidad y espíritu de la norma que establece que las universidades privadas deben constituirse y funcionar como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro”.

Laureate logró asentar su negocio en Chile con la venta de servicios a sus universidades. Los tres planteles que controla han firmado contratos con sociedades subsidiarias de Laureate. Uno de ellos es el que firmó la UDLA con Laureate Trademark BV en 2011 para utilizar las licencias del grupo. En él la UDLA se compromete a pagar a su controlador US$250 anuales por cada estudiante matriculado en el plantel (ver contrato). De no haber sido reajustada esa cifra en los últimos años, en 2017 la UDLA debiera haber traspasado a Laureate US$6,1 millones solo por este convenio.

A ello se suma un segundo contrato en el que la UDLA se compromete a pagar el 2% de sus ingresos anuales netos a la misma Laureate Trademark BV para poder utilizar asesorías administrativas y contables que entrega la empresa controladora.

Estos servicios ya habían sido cuestionados en 2013 por la Comisión Nacional de Educación (CNED) cuando rechazó la acreditación de la UDLA. En esa ocasión la CNED consideró que esas prestaciones podrían ser desarrolladas por la misma institución, sin necesidad de pagar a un ente externo (ver reportaje). El informe del Mineduc que ahora da a conocer CIPER establece que el 21% de los gastos y costos de esa universidad va a parar a transacciones con sociedades relacionadas.

PAGOS EXCESIVOS E INNECESARIOS

El Mineduc no solo cuestionó la prestación de servicios, sino también el monto que paga la UDLA a las sociedades de Laureate por los servicios contratados. El informe plantea que el déficit operativo (disminución de ingresos versus alza de costos) que ha sufrido la UDLA desde 2014 “se explica en gran medida porque los precios de dos de sus contratos suscritos con una de las empresas de su controlador significaron una merma considerable de las utilidades percibidas durante el periodo 2013-2015”.

Los expertos que trabajaron para el Mineduc establecieron que la mejor forma para evaluar si los servicios ofrecidos por Laureate eran razonables o no, era comparando la utilidad de las prestaciones contratadas por la UDLA con las utilizadas por otras universidades equivalentes: nacionales, privadas y acreditadas.

Al realizar ese ejercicio el ministerio concluyó que “los contratos de Licencia de Propiedad Intelectual y de Servicios de Productos de Red Laureate sí afectaron la rentabilidad de la Universidad de Las Américas durante los años 2013 a 2015. En otras palabras, la utilidad generada por la casa de estudios dentro del periodo bajo análisis, fue considerablemente menor que la percibida por las universidades comparables”.

A eso se sumó que el Mineduc determinó que esos servicios no son necesarios para el funcionamiento de la UDLA. El informe cita las impresiones de la abogada Joanna Heskia, quien estableció que “parece posible concluir que dadas las características del alumnado, como del personal académico, en particular la baja proporción de profesores con jornada, estos productos ofrecidos están siendo gravemente subutilizados, por lo que es francamente difícil justificar los precios que actualmente se están pagando”.

El informe cita en su página 130 el análisis realizado por contadores que determinaron que la fijación de esos precios se enfocó en Laureate y no en la universidad, “en circunstancias que es la institución universitaria la parte que debiese ser analizada por llevar a cabo las operaciones más sencillas de identificar y de evaluar, y porque es la parte respecto de la cual existe información comparable más confiable”.

Por todo lo anterior, el ministerio evaluó que los pagos a Laureate Trademark BV beneficiaron económicamente a esa empresa en desmedro de la rentabilidad de la universidad. Además, al considerar los servicios contratados como innecesarios, se estableció que la UDLA comete una infracción grave de sus estatutos. Según el Mineduc, la universidad se transformó en el instrumento utilizado para que el controlador obtenga ganancias.

Cristián Monckeberg, Ricardo Lagos, Pilar Armanet, Jorge Burgos y Patricio Zapata en encuentro en la UDLA

Cristián Monckeberg, Ricardo Lagos, Pilar Armanet, Jorge Burgos y Patricio Zapata en encuentro en la UDLA

Esa instrumentalización de la universidad por parte de Laureate habría afectado también su autonomía:

Prueba de ello es que dicha institución no puede contratar sino con Laureate Trademark BV la prestación de los servicios que derivan de los contratos analizados. En consecuencia, es un hecho que la Universidad de Las Américas no puede disponer íntegramente de sus recursos, los cuales en un porcentaje significativo son destinados a incrementar el patrimonio de su controlador. A partir de esta constatación, es posible colegir que los fines estatutarios de la corporación universitaria se han visto permanentemente subordinados a los fines comerciales de Laureate International, configurándose una infracción grave de las referidas normas, señala el informe que cierra la investigación a la UDLA.

El documento también delinea el mecanismo utilizado por Laureate para lucrar.

Resulta un hecho que el lucro en la educación superior universitaria no se presenta de forma ostensible o burda a través de la distribución de utilidades o excedentes entre los miembros de la corporación educacional, sino que a través de figuras y vías jurídicas que formalmente se ajustan al derecho vigente, pero que desde un punto de vista material y sustantivo tienen por finalidad incrementar el patrimonio de los controladores de la institución universitaria en flagrante detrimento, perjuicio e infracción de los fines estatutarios de dicha corporación”, asegura el informe en su página 133.

La infracción grave a los estatutos es una de las causas establecidas por la Ley 20.800 (del “administrador provisional”, creada durante el paso de Nicolás Eyzaguirre por el Mineduc) para intervenir o cerrar un plantel. El reglamento de la ley establece que un abogado instructor debe proponer una sanción a la subsecretaría de Educación, la que finalmente debe ponderar los antecedentes y tomar una decisión.

UNA BOMBA EN LAS MANOS

Cuando el 3 de febrero los informes del “equipo de tarea” del Mineduc estuvieron sobre el escritorio de la entonces subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, ella comprendió que en su poder tenía amongelatina jurídica. Y que esos explosivos documentos tenían incorporado un sistema de relojería.

Según concluyó la investigación del Mineduc, las tres universidades de Laureate burlan la ley, lo que implica una infracción grave a sus estatutos. Las normas vigentes le indicaron a Quiroga que tenía solo dos opciones: detonar el explosivo a un mes del cambio de mando o desactivarlo y mantener el statu quo.

En febrero se sucedieron varias reuniones al interior del Mineduc. En ellas participó toda la jefatura del ministerio y se discutió qué hacer. La propuesta del “equipo de tarea” era que se formularan cargos contra las tres universidades. Pero la ministra Delpiano y la subsecretaria Quiroga dudaron. La numerosa matrícula de Laureate era un antecedente que penaba. Amenazar con intervenir y cerrar instituciones que suman 80.500 estudiantes, equivalía a detonar una bomba de gran alcance a un mes de que Michelle Bachelet le entregara el gobierno a Sebastián Piñera.

La onda expansiva de esa detonación podía crecer si se consideran los otros 96 mil alumnos del AIEP y los 967 de la Escuela Moderna de Música, los institutos profesionales que también pertenecen a Laureate. Aunque no estaban bajo investigación, la posibilidad de que Laureate se retirara del negocio producto de un proceso sancionatorio también ponía en riesgo la continuidad de sus institutos.

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El instituto AIEP es otra de las instituciones que Laureate controla en Chile (fuente laureatechile.cl)

La indagación de CIPER indica que la decisión fue un castigo “en la medida de lo posible”: se optó por no sobreseerlas, pero tampoco se les formularon cargos. Las resoluciones firmadas por Valentina Quiroga ordenan que las universidades Andrés Bello, de Las Américas y de Viña del Mar, finiquiten dos de los contratos que mantienen con Laureate en un plazo de tres meses: la venta de servicios y el pago de la licencia de propiedad intelectual. Y se establece que deberá oficiarse a la Superintendencia de Educación Superior para que vele por el cumplimiento de la orden.

Una decisión sui generis. Un gesto. Porque la ley que crea esa superintendencia aún no ha sido promulgada, por lo que no alcanzará a estar operativa cuando el plazo establecido se cumpla. A pesar de que el trámite administrativo que deben cumplir estas resoluciones se hizo, las notificaciones no alcanzaron a ser enviadas a las universidades. Cuando Michelle Bachelet entregó la banda presidencial a Sebastián Piñera el 11 de marzo, los sobres destinados a las instituciones de Laureate quedaron en la oficina de partes del Mineduc.

En el ministerio no se explican por qué no fueron despachados. Dicen que la intención era enviarlos durante la mañana del viernes 9 de marzo, pero eso no ocurrió. Tres días después, el lunes 12 de marzo, esos sobres fueron retirados por las nuevas autoridades del Mineduc. Profesionales de la nueva administración señalaron a CIPER que eso se hizo para conocer bien el contenido de las notificaciones y las consecuencias que ellas desencadenaban.

Pocos días después el nuevo subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, se reunió con su antecesora, Valentina Quiroga. En la cita, las irregularidades de Laureate debieron estar sobre la mesa. El margen de acción para las nuevas autoridades es ahora estrecho. No pueden cambiar y tampoco no enviar las notificaciones ya firmadas y con el proceso terminado por la ex subsecretaria. Ahora lo que les queda es esperar la apelación de Laureate y solo allí el ministerio deberá tomar una decisión. La más importante.

Al momento del cierre de este reportaje, CIPER insistió en consultarle al nuevo subsecretario de Educación, si las notificaciones habían sido enviadas. La escueta respuesta fue: “Las investigaciones son de carácter reservado”.

A la espera de saber qué harán las instituciones de Laureate una vez que reciban la notificación de que deben cerrar al menos dos de sus contratos con su controlador foráneo, Laureate International seguirá sacando ganancias de sus universidades chilenas.

Articulo Original ciperchile.cl

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